Nuevo perjuicio a lectores y autores: “Un bien público que dejó de ser público"

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por Jorge Montealegre

 

En el sentido común de nuestra comunidad cultural existía el entendido que si el Estado apoyaba la creación de una obra o su difusión, era justo retribuir de alguna manera ese apoyo. Al fin y al cabo el mecenazgo estatal se hace “con plata de todos los chilenos”. No solo era correcto desde un punto de vista ético. También mediante la retribución se abrían canales que permitían extender una relación del artista con la comunidad y acceder a audiencias alejadas por razones geográficas o económicas. Por otro lado, el acto de acuerdo y ejecución de la retribución permitía a las personas representantes de la institucionalidad cultural tener un contacto con la comunidad artística, que iba más allá de una relación burocrática “de ventanilla”. Había una conversación con “el mundo artístico y cultural” que ayudaba a la comprensión de su quehacer y de sus intereses. No se trataba solamente de “clientes”, sino de una relación entre el Estado y ciudadanos(as) que también contribuían mediante sus artefactos culturales a la construcción de bienes públicos.

Una de las formas que tomaba esta retribución, tal vez la más claramente establecida y financiada, tenía que ver con el aporte a las bibliotecas públicas. Consistía en que un libro editado con el apoyo económico del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, mediante su concurso de proyectos, debía ser compartido con los lectores y lectoras de las bibliotecas públicas, entregando para ellas al menos 400 ejemplares de la obra, gasto que ya estaba contemplado para su financiamiento en el proyecto (por tanto no era un regalo de la industria editorial). Es decir, el concursante no era perjudicado y su obra, adicionalmente, ganaba un canal para llegar a un público que tal vez nunca podría comprar ese libro (no solo por razones económicas, sino también por las dificultades que tiene el libro para llegar a regiones). Tenía, así, la oportunidad de que la publicación llegara a las bibliotecas públicas vía la Dibam. La cantidad de ejemplares entregados no cubría la totalidad de las bibliotecas, pero al menos el libro llegaba a las principales bibliotecas regionales. De un día para otro esto se acabó. ¿Por qué?

Si la razón fuera la (mala) calidad de las obras, significaría que se debe revisar el sistema de evaluación que aprueba cada proyecto; porque si la misma institución estima que lo que aprueba, financia y supervisa no merece estar en las bibliotecas públicas, estaríamos ante una incoherencia gigante y un mal uso de los recursos públicos. Sin renunciar al derecho a la suspicacia, esta medida ¿será para favorecer –nuevamente- a las editoriales para que sus libros subvencionados además sean comprados por el Estado? ¿o será porque, muchas veces, los proyectos abordan temas “conflictivos” o ingratos para la actual administración de los fondos concursables? Si el tema fuera administrativo, de incapacidad para gestionar la donación o retribución, la burocracia en ese caso se debe someter a un bien superior que debe considerar los intereses de la comunidad de lectores y autores.

La medida es excluyente y se suma a otras recientes, que van en la misma dirección. Pienso en el "Apoyo a ediciones" al cual ahora “sólo podrán postular personas jurídicas”. En otras palabras, se eliminó la posibilidad que había para que las personas naturales -escritores, investigadores, defensores del patrimonio, etc.- presentaran proyectos de edición de libros que las editoriales no publican por iniciativa propia por el costo que implican y por el eventual poco interés que podría haber desde el mercado. Ahora, en cambio, el Fondo financiará solo las iniciativas de las editoriales que, obviamente, priorizarán sus proyectos más vendibles en el mercado. Y desde las bibliotecas se solicitarán esos libros ante el desconocimiento de los otros atentando contra la bibliodiversidad.

Terminar con las retribuciones de los artistas es terminar con una forma de relación virtuosa entre el Estado y los creadores y las editoriales. Es un desaire y un impedimento a la participación en la creación conjunta de los bienes públicos culturales. La medida es excluyente, decía, porque en general los libros subvencionados tienen altos precios (cuando son, por ejemplo, patrimoniales, gráficos, de formatos especiales); es excluyente porque los autores quedan afuera, porque ciertos temas quedan afuera, porque ciertos géneros (como la poesía) también quedan afuera. Es la expropiación de un beneficio con la inexplicable anuencia de un Consejo que supuestamente tiene representantes de la sociedad civil. Un escándalo silencioso. No me queda claro si esta medida se tomó por celo ideológico (extremismo mercantil), por corrupción (favorecer a ciertos proveedores), por desidia (consejeros inadvertidos y frívolos), por falta de bodegas o mera flojera (hay que trasladar cajas, codificar y distribuir los libros); u otra razón más peregrina (mejor contengo, refreno, mi suspicacia). No lo sé… el asunto es que los lectores no tendrán acceso a estos libros: un bien público que dejó de ser público.

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